Los más vulnerables no pueden arriesgarse a que un día les anuncien que se ha hecho el 100% de lo que se pudo.

A finales de los años noventa del pasado siglo, cuando México comenzaba a salir de la Década Pérdida, en Champotón, un pequeño pueblo del Estado de Tabasco, tras el escenario montado en la plaza mayor para despedir al alcalde saliente colgaba una pancarta que solemnemente anunciaba “Se hizo el 100% de lo que se pudo”. Lo que entonces parecía un ingenuo producto de propaganda política, hoy, tras una pandemia que ha contagiado a más de 100 millones de personas, matado a más de dos millones de ciudadanos, y destruidos centenares de miles de empresas y empleos en todo el mundo, resulta una descripción realista de la capacidad de los Estados para contrarrestar los efectos sobre nuestras vidas de los shocks inesperados.

En todo el mundo, las políticas públicas han sido las que han evitado que la catástrofe fuese aún mayor. Sin las medidas de confinamiento adoptadas, sin la coordinación de la investigación sobre las vacunas, sin los estímulos monetarios y fiscales, sin los instrumentos de protección de rentas y empresas, hoy estaríamos peor de lo que estamos. Los errores de predicción —por pesimistas— de los expertos dan la razón a la vicepresidenta económica del Gobierno cuando, en sede parlamentaria, recientemente afirmó que, sin medidas, el PIB español hubiera caído más del doble del 11% efectivamente registrado y que la destrucción de empleo se hubiera multiplicado por cuatro. Duro, pero realista: se hizo lo que había que hacer, y gracias a ello lo peor se ha evitado.”

La necesidad de resituar el papel del Estado en la sociedad y en la economía va a ser otro de los legados disruptivos de la covid. Declaraciones ideológicas del tipo “la sociedad no existe” o “el Gobierno es el problema, no la solución” están tan fuera de lugar como mantener que la tierra es plana.

Hemos aprendido que nuestra salud, nuestra prosperidad, el mantenimiento de nuestra empresa o de nuestro puesto de trabajo, nuestra movilidad y libertades dependen de lo que le ocurre a los demás. La agenda y las prioridades han cambiado, los instrumentos también y con ellos la capacidad del Estado y del mercado para agregar las preferencias sociales.

Definir con realismo lo que el Estado puede y debe hacer es una tarea compleja para la que no hay respuestas técnicas, sino políticas. En general, la historia nos dice que funcionan mejor las soluciones de cooperación que las de hegemonía de uno sobre el otro. A Europa le fue bien cuando acometió su reconstrucción bajo el lema de “con el mercado hasta donde se pueda, con el Estado cuando sea necesario”, y nos ha ido peor cuando nos hemos encelado en el Estado empresario o en experimentos desregulatorios. Sería una oportunidad perdida si, en respuesta a los excesos del pasado o cegados por el temor a lo incierto, tratáramos de convertir al Estado en un ejecutor serial de “proyectos” similares a los que permitieron llegar a la luna: acabar con la pobreza y la desigualdad en el mundo, digitalizar inclusivamente, o descarbonizar la economía.

En primer lugar, porque este relato tropieza con el inconveniente factual de que al frente del proyecto Apolo no estuvo la administración de Estados Unidos, sino la NASA, una agencia que gestionó los recursos públicos que recibió con procedimientos y criterios estrictamente privados. En segundo lugar, porque el Estado ni está diseñado ni tiene la capacidad, por sí mismo, para resolver ninguno de esos problemas. Y viceversa.

Para hacer frente a las fallas del mercado hace falta la capacidad del Estado para gravar impositivamente, subsidiar, regular o cambiar derechos de propiedad. Para resolver las fallas del sector público y su potencial captura hacen falta competencia, transparencia y procedimientos reglados de rendición de cuentas.

En todos los casos, hacen falta mecanismos explícitos de gobernanza y políticas de evaluación rigurosas de los resultados. Para esa alianza público-privada no hace falta reinventar mucho: solo se necesita estar dispuesto a debatir y a consensuar reglas y procedimientos. Y aparcar la persecución de utopías que pueden despistarnos de lo realmente urgente: volver a crecer gracias a las inversiones y las reformas.

La del Estado protector, o la del neo-pobrismo, son distopías. Es decir, la inevitabilidad de resignadamente aceptar que no es posible seguir creciendo porque todo modelo de crecimiento es un juego de suma cero que empeora la distribución o compromete la sostenibilidad del planeta, es una idea ficticia. Especialmente para los más vulnerables. Los que no pueden arriesgarse a que un día les anuncien que se ha hecho el 100% de lo que se pudo.

Publicado en El País el 7 de Febrero de 2021