Por Juan José Rubio Guerrero

Todo sistema tributario moderno y desarrollado, propio de un país con un Estado de bienestar bien fundamentado, descansa sobre un equilibrio delicado entre confianza y coerción. Los ciudadanos aceptan contribuir porque perciben que el sistema resulta razonablemente justo en el reparto de las cargas fiscales y porque existe una Administración capaz de perseguir eficazmente el fraude. Sin embargo, ese equilibrio puede romperse cuando determinados discursos públicos desacreditan sistemáticamente la función controladora del sistema fiscal que corresponde, por imperativo legal, al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado, en primera instancia.

En la actualidad, las redes sociales han reducido drásticamente los costes de difusión de información falsa. Una noticia manipulada puede alcanzar millones de visualizaciones antes de ser desmentida. La evidencia psicológica demuestra, además, que las rectificaciones rara vez tienen la misma capacidad de difusión que el mensaje inicial. En materia tributaria esta circunstancia resulta especialmente grave porque el ciudadano medio desconoce la enorme complejidad técnica de los procedimientos de comprobación e inspección.

En cuestiones fiscales se manifiesta una contradicción evidente, impropia y derivada de la falta de cultura fiscal del ciudadano medio, instalada en la concepción de que los servicios públicos son gratis o cuasi. Los ciudadanos demandan mejores servicios en diferentes ámbitos:

• Mejor sanidad pública, de calidad y universal.
• Mejores pensiones a un colectivo de pensionistas cada vez mayor.
• Mayor protección social, incluyendo un desarrollo de la dependencia y de las situaciones de pobreza.
• Educación y universidades públicas y de calidad.
• Seguridad tanto exterior como interior ante los nuevos retos geoestratégicos mundiales y los procesos de migración descontrolada.
• Infraestructuras de todo tipo, hidráulicas, ferroviarias, viales, etc. Y su mantenimiento en calidad y cantidad.
• Investigación y transición energética auspiciada por políticas públicas de incentivo y desarrollo.

Por citar las más relevantes. Pero simultáneamente se difunde la idea de que todo impuesto constituye un abuso, una intromisión en el patrimonio individual de los contribuyentes de difícil justificación para un amplio sector de la sociedad.

Ambos planteamientos son incompatibles. No puede sostenerse un Estado del bienestar europeo con un rechazo sistemático y creciente a tributación como fórmula de financiar estas políticas públicas. Hay una perversión en esta narrativa al transformar la relación tributaria en una especie de transacción mercantil. El ciudadano deja de verse como miembro de una comunidad política que financia bienes públicos y pasa a comportarse como un consumidor que exige contraprestaciones individualizadas por cada euro pagado. Sin embargo, los impuestos financian bienes colectivos cuya utilidad trasciende al individuo y que financia políticas públicas ya comentadas: justicia, seguridad investigación, protección social, salud pública, cohesión territorial y, particularmente en el ámbito político, estabilidad institucional. La consolidación de este discurso genera varios efectos negativos:

• Disminuye la moral tributaria.
• Reduce el cumplimiento voluntario.
• Incrementa la economía sumergida.
• Deteriora la confianza institucional.
• Legitima socialmente determinadas formas de fraude.
• Dificulta las reformas fiscales necesarias.
• Alimenta la polarización política y ciertas formas de corrupción.

A largo plazo, el principal perjudicado es el propio Estado social y su estabilidad.

La consolidación de las redes sociales como canal de formación de la opinión pública ha alterado profundamente la percepción ciudadana de numerosas instituciones públicas. Entre las más afectadas se encuentran las administraciones tributarias y, particularmente, los órganos de inspección y control fiscal.

La difusión de mensajes descontextualizados, campañas organizadas de desprestigio tanto internas como internacionales y actuaciones coordinadas de haters contribuyen a construir un relato simplificado según el cual la Administración tributaria actúa con arbitrariedad, afán recaudatorio o motivaciones políticas. Una consecuencia especialmente preocupante del discurso victimista es la deslegitimación de la función inspectora. La inspección suele presentarse como un instrumento de persecución cuando, en realidad, constituye uno de los principales mecanismos para garantizar la igualdad ante la ley. Cada fraude no descubierto produce una doble injusticia: reduce los recursos destinados a financiar servicios públicos y obliga al resto de contribuyentes cumplidores a soportar una mayor carga fiscal. La inspección no protege al Estado frente al ciudadano; protege a los ciudadanos cumplidores frente a quienes incumplen sus obligaciones.

Catedrático de Hacienda Pública. UCLM.
Exdirector de la Escuela de Hacienda Pública