A tenor de algunas reacciones, lo que más me sigue sorprendiendo es la dificultad que tiene la sociedad, de la base y de las alturas, para entender lo que hacen los enseñantes, tanto en la escuela, como el Instituto o en la Universidad. Es una incapacidad que muestran incluso sí han pasado por la propia universidad.La Universidad se fundamenta en la enseñanza y en la investigación y la dedicación de los profesores debe ser a ambas tareas, a salvo de algunas carreras que por ser muy profesionales no requerían históricamente el doctorado y la formación que éste supone. La tarea investigadora en mi campo debe repartirse aproximadamente en un 30-40 por ciento de horas de docencia y un 60-70 por ciento de investigación. La jornada diaria de un profesor investigador no debe bajar de las 10 horas, es decir, de 70-80 a la semana. Esa dedicación no solo es medible, sino que resulta evaluable y así se hace en lo que a la docencia se refiere a través de los planes de calidad, con revisiones cada 3 años, para lo que se toman en cuenta no sólo las horas de clase teórica y práctica sino también la utilización de recursos de aprendizaje y prácticas innovadoras, la realización de actividades docentes y culturales en la propia Universidad o la extensión universitaria, etc. Es ésta una evaluación que se realiza por la propia Universidad y su comisión al respecto y que la superan la inmensa mayoría de los profesores, aunque siempre quedan fuera hasta un 10 por ciento. Naturalmente que esa evaluación se puede mejorar e incrementar.

La parte de la investigación se evalúa muy rigurosamente por comités externos y de nivel nacional, cuyos resultados conocemos como “tramos de investigación”. Un investigador bueno debe acumular cada 6 años un tramo y presupone que un comité nacional bien autónomo y alejado del interés de grupo ha estimado positivamente la actividad plasmada en la investigación publicada, que cómo en el caso de las Ciencias experimentales se controla por la calidad de la revista o editorial de los libros, por el impacto que esas publicaciones comportan o por criterios que sustituyen o complementan a estos en las Ciencias Sociales.  El sistema de control es tan extremado qué recuerdo bien cuando junto con Ernesto Martínez Ataz hacíamos la selección de profesores para nuestra primera Facultad de Medicina y seguíamos la evolución en los puntos de información de la vida científica de los posibles candidatos,  en los que se representaban  no solo en datos sino también en gráfica y mucho me sorprendió cuando mi compañero de fatigas advertía en una gráfica una caída notable que se mantenía unos cuantos meses y me decía: este, o ha caído enfermo, o le han hecho vicerrector, o ha tenido descendencia. Esto último solo se apreciaba curiosamente en mujeres. Así es la cosa. Por cierto no hay creo ningún sector de la administración pública que someta a sus funcionarios a una evaluación cualitativa tan transcendente, pues solo con un cierto número de sexenios se pueden alcanzar las mayores responsabilidades.

Pero deseo precisar que dar clase es, además, prepararlas, incorporar las novedades producidas del año anterior. En esto los penalistas lo tenemos difícil, porque nuestra materia no abandona la primera página de los periódicos y ocupa incluso todo el tiempo en algunos telediarios, que a los antiguos nos recuerdan mucho a “El Caso”.  Ya decía don Miguel de Cervantes: el demonio nunca descansa y todo lo añasca.

Pero además de las clases y la investigación está el que hay que leer mucho. No hay ciencia ni calidad docente sin información, ni amplia cultura. Los periodistas gustan mucho de la pregunta sobre el último libro leído por su víctima, pero a un profesor hay que preguntarle no solo por el último leído en la semana, sino también cuántos otros libros ha acariciado con la mirada en ese periodo. Si el profesor no hace las tres cosas no será un buen profesor. Y sería muy bueno a estas alturas qué el rectorado nos contara con detalle cómo está nuestra productividad científica medida por estas organizaciones internacionales y nacionales, cómo estamos de tramos de investigación, en qué proporción sobre el total de los profesores que pueden acceder a la evaluación y por los sexenios que puedan acumular. De ahí nos saldrá la lista y el ranking de cada cual. Por aproximado que sea, será bueno saberlo y todos los esfuerzos que hagamos por comunicar estas cosas irán en beneficio de la Universidad y del concepto que tengamos todos sobre nosotros mismos.

Y no me voy a olvidar del personal que llamamos de administración de servicios. Es muy variado, pero voy a resaltas dos sectores que pueden ser más comprensibles para los lectores, las bibliotecas y los servicios informáticos. De las primeras impacta a quien con experiencia de la vida llega a la biblioteca y se entera que le pueden proporcionar cualquier libro o revista científica disponible en las bibliotecas universitarias de Europa,además, su asesoramiento a los usuarios es bien notable, despliegan iniciativas de servicio y acciones culturales y encima les someten a la congelación de plantillas y, además les hacen trabajar seis veces más que antes por cada libro que se compra, pues los que quisieron huir de un sistema en el que dirigentes de la administración distraían millones en bolsas de plástico no tuvieron mejor ocurrencia que someter a todas las administracionesa normativas absurdas, sin caer en la cuenta que lo que garantiza que no se produzcan desviaciones es la transparencia y la profesionalidad de los funcionarios. Aún más, los libros tienen precio único. Del servicio de Informática baste con decirles que en una semana han sabido completar el sistema de que se disponía para sustituir una lengua en uso por otra nueva, pero que nos permite aprender con suma facilidad y hace posible soportar la inmersión de toda la Universidad en la era de la conferencia audiovisual en tiempo real y con un uso de la red varias veces más intenso que el tiempo normal, eso sí, a costa de los alumnos, cuyo esfuerzo personal debe incrementarse de modo notable en tiempo de coronavirus.A ver si se animan algunos compañeros de diversos sectores a contar lo que se hace para explicar lo que hacemos.

Es tiempo de volver a la realidad. A medir, a informar a la sociedad con transparencia y claridad de lo que está en juego.

En el mes de abril del año pasado, cuando comenzaba la pesadilla de la pandemia, Paul Collier reflexionó sobre cómo diseñar políticas públicas en tiempos de incertidumbre. El reto ya no era tomar decisiones con información limitada o riesgos mensurables, sino diseñar intervenciones en un mundo en el que ignorábamos las variables que eran relevantes. Mientras que para enfrentar el primer tipo de escenarios la mejor estrategia pasaba por tener mejores diagnósticos, más datos y estrategias de mitigación de los impactos negativos, la única vía posible para vencer nuestra ignorancia radical era el método de prueba y error. Así aprendimos cómo confinar a la sociedad para hacer frente a la propagación del virus, cómo diseñar las desescaladas, cómo vacunar o cómo sostener rentas y empleos. Los políticos no esperaron a que la teoría les mostrara el camino, sino que primero actuaron, y luego nos convencieron de que, en circunstancias extremas, todo lo que se hace es porque se puede hacer.

Esta redefinición de lo que es políticamente posible —el sí se puede— estaba legitimado no solo por las dramáticas urgencias de la pandemia, sino también por la compartida insatisfacción ante la insoportable desigualdad, inseguridad personal y social, guerras culturales y polarización política que había surgido en los años —incluso décadas— anteriores. Todo ello contribuyó al radical cambio de paradigmas económicos que ahora se están haciendo visibles. Recientemente Danny Rodrick ha repasado algunas de las manifestaciones de esta radical mutación: cómo los miedos a la inflación y al déficit se han reemplazado por una preferencia por una economía dopada con generosos estímulos monetarios y fiscales, cómo la competencia por tener los tipos impositivos más bajos ha sido reemplazada por el objetivo de tener un tipo global impositivo mínimo sobre las multinacionales, cómo se han resucitado las políticas industriales, o cómo se ha pasado de hablar de flexibilidad en el mercado de trabajo a promover intervenciones que refuerzan el salario mínimo y el poder negociador de sindicatos y trabajadores. O cómo hoy se asume que es preferible la seguridad estratégica y la globalización limitada a la priorización de la eficiencia mediante la inserción en cadenas de valor globales, por no hablar del giro tectónico frente a las grandes empresas tecnológicas que han pasado de ser la fuente de la innovación y el crecimiento a ser vistas como monopolios que hay que regular y fragmentar.

Ciertamente estamos ante un nuevo mundo, y, felizmente, no hay razón alguna para pensar que el fin de la pandemia nos retrotraerá a todas las viejas reglas y convicciones. “Construir de nuevo mejor” es algo más que un afortunado eslogan, es una necesidad.

Pero para conseguir que cualquier país realmente sea mejor hace falta mucho más que buena voluntad. Exige reformas, inversiones y cambios que, inevitablemente, producen costes, ganadores y perdedores. La experimentación no es la mejor estrategia para conciliar los intereses contrapuestos que inevitablemente acompañarán la transición hacia un mundo más inclusivo y sostenible. Entre otras cosas, porque paulatinamente será más evidente que las decisiones de política pública no solo tienen, en el mejor de los casos, las consecuencias buscadas sino también impactos —algunos previsibles, otros indeseados— que activan potentes restricciones financieras y políticas. Ni en el viejo, ni en el nuevo mundo hay nada gratis.

Probablemente la lucha contra el cambio climático sea el más claro ejemplo de la necesidad de transcender al voluntarismo. Nadie puede hoy sensatamente negar su existencia y sus letales consecuencias. Esa batalla ya está ganada. Ahora, como ha planteado Pisani-Ferry, lo que hace falta es enfrentar con realismo las consecuencias sociales y económicas de los imprescindibles compromisos de descarbonización asumidos por la mayoría de los países. Pretender que la transición será un proceso sin costes y fricciones —incluso si la tecnología nos ayuda— es un mal punto de partida. Ese escenario lo malgastamos posponiendo las medidas que había que haber tomado hace mucho tiempo. Ahora, poner un precio a las emisiones, un recurso que hasta ahora era gratis, nos hemos regalado un shock de oferta que tendrá impactos sobre el crecimiento potencial de la economía, sobre el empleo, las cuentas fiscales y la distribución de la renta. Todos ellos pueden ser manejables, pero negarlos es una receta infalible para que lo que se haga realmente sea poco y tarde. También para que surjan guerras culturales y utopías regresivas que pretendan absorber y soplar al mismo tiempo: mejorar la distribución con menos crecimiento, preservar las libertades y conseguir la armonía universal.

Es tiempo de volver a la realidad. A medir, a informar a la sociedad con transparencia y claridad de lo que está en juego en estos momentos, de los costes que comportan las decisiones posibles y, luego, actuar. En eso, y no solo en sustituir paradigmas, es en lo que posiblemente consista hacer buenas políticas públicas en tiempo de incertidumbre.

Publicado por Jose Juan Ruiz en El País, el 19 de septiembre de 2021

Los más vulnerables no pueden arriesgarse a que un día les anuncien que se ha hecho el 100% de lo que se pudo.

A finales de los años noventa del pasado siglo, cuando México comenzaba a salir de la Década Pérdida, en Champotón, un pequeño pueblo del Estado de Tabasco, tras el escenario montado en la plaza mayor para despedir al alcalde saliente colgaba una pancarta que solemnemente anunciaba “Se hizo el 100% de lo que se pudo”. Lo que entonces parecía un ingenuo producto de propaganda política, hoy, tras una pandemia que ha contagiado a más de 100 millones de personas, matado a más de dos millones de ciudadanos, y destruidos centenares de miles de empresas y empleos en todo el mundo, resulta una descripción realista de la capacidad de los Estados para contrarrestar los efectos sobre nuestras vidas de los shocks inesperados.

En todo el mundo, las políticas públicas han sido las que han evitado que la catástrofe fuese aún mayor. Sin las medidas de confinamiento adoptadas, sin la coordinación de la investigación sobre las vacunas, sin los estímulos monetarios y fiscales, sin los instrumentos de protección de rentas y empresas, hoy estaríamos peor de lo que estamos. Los errores de predicción —por pesimistas— de los expertos dan la razón a la vicepresidenta económica del Gobierno cuando, en sede parlamentaria, recientemente afirmó que, sin medidas, el PIB español hubiera caído más del doble del 11% efectivamente registrado y que la destrucción de empleo se hubiera multiplicado por cuatro. Duro, pero realista: se hizo lo que había que hacer, y gracias a ello lo peor se ha evitado.”

La necesidad de resituar el papel del Estado en la sociedad y en la economía va a ser otro de los legados disruptivos de la covid. Declaraciones ideológicas del tipo “la sociedad no existe” o “el Gobierno es el problema, no la solución” están tan fuera de lugar como mantener que la tierra es plana.

Hemos aprendido que nuestra salud, nuestra prosperidad, el mantenimiento de nuestra empresa o de nuestro puesto de trabajo, nuestra movilidad y libertades dependen de lo que le ocurre a los demás. La agenda y las prioridades han cambiado, los instrumentos también y con ellos la capacidad del Estado y del mercado para agregar las preferencias sociales.

Definir con realismo lo que el Estado puede y debe hacer es una tarea compleja para la que no hay respuestas técnicas, sino políticas. En general, la historia nos dice que funcionan mejor las soluciones de cooperación que las de hegemonía de uno sobre el otro. A Europa le fue bien cuando acometió su reconstrucción bajo el lema de “con el mercado hasta donde se pueda, con el Estado cuando sea necesario”, y nos ha ido peor cuando nos hemos encelado en el Estado empresario o en experimentos desregulatorios. Sería una oportunidad perdida si, en respuesta a los excesos del pasado o cegados por el temor a lo incierto, tratáramos de convertir al Estado en un ejecutor serial de “proyectos” similares a los que permitieron llegar a la luna: acabar con la pobreza y la desigualdad en el mundo, digitalizar inclusivamente, o descarbonizar la economía.

En primer lugar, porque este relato tropieza con el inconveniente factual de que al frente del proyecto Apolo no estuvo la administración de Estados Unidos, sino la NASA, una agencia que gestionó los recursos públicos que recibió con procedimientos y criterios estrictamente privados. En segundo lugar, porque el Estado ni está diseñado ni tiene la capacidad, por sí mismo, para resolver ninguno de esos problemas. Y viceversa.

Para hacer frente a las fallas del mercado hace falta la capacidad del Estado para gravar impositivamente, subsidiar, regular o cambiar derechos de propiedad. Para resolver las fallas del sector público y su potencial captura hacen falta competencia, transparencia y procedimientos reglados de rendición de cuentas.

En todos los casos, hacen falta mecanismos explícitos de gobernanza y políticas de evaluación rigurosas de los resultados. Para esa alianza público-privada no hace falta reinventar mucho: solo se necesita estar dispuesto a debatir y a consensuar reglas y procedimientos. Y aparcar la persecución de utopías que pueden despistarnos de lo realmente urgente: volver a crecer gracias a las inversiones y las reformas.

La del Estado protector, o la del neo-pobrismo, son distopías. Es decir, la inevitabilidad de resignadamente aceptar que no es posible seguir creciendo porque todo modelo de crecimiento es un juego de suma cero que empeora la distribución o compromete la sostenibilidad del planeta, es una idea ficticia. Especialmente para los más vulnerables. Los que no pueden arriesgarse a que un día les anuncien que se ha hecho el 100% de lo que se pudo.

Publicado en El País el 7 de Febrero de 2021